Según un reciente estudio de la consultora EY, la tasa de morosidad en España crecerá hasta el 4,6% este año y se mantendrá en estas cifras durante el año 2023, cifras superiores a las previstas para el conjunto de la zona euro.

Las últimas noticias relacionadas con las tasas de morosidad bancarias sitúan las cifras actuales como las mejores de la última década y, por otro lado, indican que las provisiones dotadas por las entidades a causa de la pandemia serán suficientes para controlar el aumento de la morosidad esperado para este 2022. No obstante, cada vez son más los analistas que advierten de los peligros inherentes a este aumento de la morosidad y temen que estas cifras se comporten de forma similar al de un tsunami; en una primera fase las aguas están tranquilas, para después recibir el golpe principal.

El Banco de España tampoco es ajeno a este hecho y su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha instado en su informe de supervisión anual a las entidades de crédito a tomar medidas y prepararse para este aumento de la morosidad.

En línea con lo mencionado anteriormente el gobernador del Banco de España apunta que «las entidades deberán mantener una elevada prudencia, con un reconocimiento adecuado y temprano de los riesgos asociados, a fin de preservar la confianza en el sector y de facilitar el mantenimiento del flujo de crédito a la economía».

Las entidades deberán mantener una elevada prudencia, con un reconocimiento adecuado y temprano de los riesgos asociados.

A pesar de ciertos factores de fortaleza que muestra la economía española reflejados en la mejora de los indicadores del mercado laboral o las buenas expectativas previstas para la próxima temporada turística, los factores de riesgo aparecidos desde finales de 2021 y la incertidumbre, pueden hacer desaparecer de un plumazo estos signos positivos.

La inflación y el conflicto bélico están mermando la capacidad de crecimiento de las economías europeas, y especialmente de la economía española. A estos factores hay que añadirle dos nuevos de gran calado cuyos efectos se verán en los próximos meses: la subida de tipos de interés para combatir la inflación y la retirada de los estímulos económicos para combatir la pandemia. En concreto, el vencimiento del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO que, junto con los factores arriba mencionados, puede llevarnos a un escenario económico adverso donde podría empezar el conocido “efecto dominó”.

La subida de tipos y la retirada de los estímulos económicos para hacer frente a la pandemia pueden agravar más la situación, dando pie al conocido efecto dominó.

¿Qué es el “efecto dominó” y cómo puede afectar a la economía real?

Las PYMES y autónomos pueden encontrarse en una situación muy delicada si se siguen encareciendo de forma abrupta sus costes de producción (especialmente materias primas), las condiciones de financiación se endurecen cada vez más y a todo ello hay que sumarle el final de la carencia de los créditos ICO.

En gran parte del tejido empresarial español sus canales de venta son B2B o B2B2C, es decir, son facturas entre empresas. Una situación adversa de falta de liquidez e incumplimiento de sus compromisos de pago podría encender una mecha que, en circunstancias de alargarse en el tiempo, generaría un efecto dominó, trasladando el problema a toda la cadena de sociedades relacionadas.

Esta situación generaría un efecto multiplicador de impagos que, unido al deterioro del contexto económico, acabaría llevando a muchas empresas a suspensión de pagos y, sin lugar a duda, generar un efecto dominó que acabaría afectando a trabajadores y familias y seguir deteriorando la ya mermada clase trabajadora.

La falta de liquidez y el consecuente retraso en los pagos pueden generar un efecto dominó que lastre al resto de la economía.

La base sobre la que partimos para hacer frente a esta coyuntura no es la mejor. Según el informe sobre plazos de pago correspondientes a 2021, se ha reducido el plazo de pago a proveedores tanto del sector privado como público. En el caso del privado ha pasado de 84 a 72 días de media y en el público de 77 a 61 días. Sin embargo, en ambos casos se superan el plazo máximo fijado por la ley para pagar facturas del sector privado (60 días) y del sector público (30 días).

Incluso tras las ayudas públicas, se siguen incumpliendo los plazos de pago fijados por ley.

La encrucijada en la que se encuentra la economía española requiere de análisis y anticipación de riesgos con el claro objetivo de evitar un efecto dominó en los impagos que, de producirse, volverá a lastrar la tan ansiada recuperación económica. Debemos de insistir en mejorar nuestros análisis y tener en cuenta, en la medida de lo posible, los potenciales riesgos multiplicadores que empiezan a tocar la puerta pidiendo paso.

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